De manera enérgica la representante  de las comunidades académicas en el Consejo Superior de Educación CESU, la Dra. Elizabeth Vidal, se ha dirigido a la Ministra de  Educación, a los miembros del CESU, al Presidente del SUE y al Gobernador del Atlántico, este último, en su condición de Presidente del Consejo Superior de la Universidad del Atlántico; reclamando por la vulneración de la autonomía en esta Universidad y abriendo el debate.

Amén de reclamaciones por las últimas decisiones del Consejo Superior que retiran del cargo de manera irregular a la rectora Ana Sofía Mesa,  se hacen reflexiones en la comunicación de la Dra. Vidal que vale la pena comentar.

Con relación a las representaciones del Estado en los Consejos Superiores, señala: » creo que es hora de hacer un balance y evaluar que tan efectivos son los delegados del presidente, gobernador o alcalde y del Ministerio en las universidades públicas. ¿Para qué ha servido su presencia? ¿Qué aportes han hecho? ¿Quién evalúa su actuación, quién les hace seguimiento?  ¿Con qué criterios e indicadores?¿A quién rinden cuentas y quiénes conocen de estos resultados de la evaluación?¿Cómo beneficia su presencia la autonomía universitaria y el avance del conocimiento?¿Sigue siendo válida su presencia en los Consejos Superiores, teniendo presente sus resultados 20 años después de emitida la ley 30?

Todo este cuestionamiento surge del comportamiento que algunas de estas representaciones han tenido  en algunas universidades; olvidando la función que le es encomendada por la ley se dedican a agenciar intereses particulares y a patrocinar ejercicios de captación de los gobiernos universitarios por la política partidista.

En la última reunión del SUE le pedimos a la Ministra velar porque con el nuevo Gobierno no fuéramos a caer en el pecado de repartir las  representaciones  del Presidente y del mismo Ministerio, atendiendo a presiones políticas, advirtiendo los daños que se han causado donde ello ha ocurrido a la autonomía pero sobre todo al desarrollo de las universidades.

En el caso de la Universidad  del Atlántico se afirma que hay varios grupos políticos disputándose el control de la Universidad después del saneamiento y recuperación alcanzada por la Rectora saliente, quien la recibió en una profunda crisis económica, en situación de insolvencia, bajo el amparo de la ley 550. No creo  como se afirma temerariamente  que el Presidente Santos ofreció en campaña entregar la Universidad a los políticos.

Estimo más bien, que la naturaleza y composición de los gobiernos universitarios merece un mayor análisis. La propuesta de política pública construida por el CESU todavía no ha abordado el tema en profundidad, tan sólo se acepta la necesidad de un mayor protagonismo de las comunidades académicas lo cual está por  esclarecerse a qué se refiere.

Luis Enrique Arango Jiménez

Rector Universidad Tecnológica de Pereira

Presidente Sistema Universitario Estatal