Según un informe de La Fundación Paz y Reconciliación, en el cual se presenta un análisis pormenorizado de la situación de seguridad en 242 municipios, que llegaron a ser ocupados por la guerrilla de las FARC, 40 de estos presentan una situación de anarquía criminal de particular interés [1,2]. De acuerdo con este informe, las FARC, además de su actividad criminal, mantenían un sistema de regulación social, en el cual administraban justicia en sus zonas, donde se resolvían problemas como riñas entre vecinos y temas de linderos. Con la salida de esta guerrilla, los asuntos de convivencia y seguridad se deterioraron. Por lo tanto, la Policía Nacional, en cabeza de la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural, ha tomado el liderazgo en la contención de este fenómeno [3]. Por un lado, se han establecidos unidades básicas de carabineros con puestos fijos y capacidad de despliegue en diferentes zonas rurales, para cortar los diferentes corredores de movilidad de mercados ilegales, y además para brindar el servicio de seguridad a la población rural. Por otro lado, se ha comenzado a capacitar a los policías rurales en temas de resolución de conflictos y justicia de ciudadanos. Finalmente, se ha comenzado a crear Fuertes de Carabineros, como instrumento de control nodal y despliegue territorial a gran escala [2]. Aun cuando las estrategias planteadas son de un avance importante para la contención de esta problemática, la seguridad basada en justicia que requiere la ciudadanía necesita de un despliegue aún mayor en materia de personal de policía para abarcar las grandes extensiones de tierra en cuestión, además de la creación de brigadas móviles de justicia y de igual forma, poner en marcha la jurisdicción rural, con el fin de construir un Estado de derecho en la ruralidad colombiana [4]. Específicamente, una de las alternativas para abarcar grandes extensiones de tierra de forma eficiente, es emplear un circuito cerrado de televisión (CCTV) que permita realizar videovigilancia sobre comunidades o corregimientos [5]. Recientemente, se invirtieron 412 millones en cámaras de seguridad en lo rural para monitorear el corredor turístico y el acceso a puntos clave de la Sierra Nevada, este sistema cuenta con una sala de monitoreo activa las 24 horas del día, ubicada en el comando de Policía de Guachaca. En la entrega del sistema (20/02/2018) el comandante de la Policía Metropolitana, coronel Gustavo Berdugo, manifestó que se seguirán articulando estrategias de este tipo para fortalecer la seguridad rural [6]. Consecuentemente, la videovigilancia es una tarea de gran interés en Colombia, en la que se debe analizar los videos obtenidos mediante conjuntos de cámaras, ubicadas en ambientes exteriores. Esta tarea se vuelve particularmente difícil para el personal humano cuando el número de cámaras aumenta y existen múltiples monitores, debido a problemas como la fatiga y la desatención a eventos importantes, que son típicamente inusuales [7]. Por esta razón, se han desarrollado algoritmos de visión por computador que permiten realizar videovigilancia automática sobre múltiples monitores y por extendidos periodos de tiempo; entre las tareas básicas se destacan [8]: el monitoreo de peatones y tránsito vehicular, reconocimiento de actividades humanas, y conteo de personas. En particular, el reconocimiento de actividades humanas en video es una aplicación desafiante que requiere de un conjunto fases para ser llevada a cabo [9]: (i) Segmentación de objetos. (ii) Estimación y representación de características. (iii) Clasificación de actividades. Por lo tanto, desarrollar un sistema que permita detectar automáticamente comportamientos anormales, significaría poder alertar a las autoridades de este tipo de comportamientos de manera oportuna y adecuada, con el fin de prevenir situaciones peligrosas, y además, aprovechar todo el potencial de los CCTV que se están instalando en zonas rurales estratégicas por parte de la Policía Nacional. En este trabaj
