Intervención del Rector de la Universidad Tecnológica de Pereira, ing. Luis Enrique Arango Jiménez, en el cuarto foro regional sobre Reforma a la Educación Superior, realizado el 29 de marzo de 2011 en el auditorio Jorge Roa Martínez de la UTP, con el Viceministro de Educación Superior, dr. Javier Botero.
INTERVENCIÓN I FORO EN LA UTP SOBRE REFORMA A LA LEY 30
Pereira, 29 de marzo de 2011.
Debo empezar haciendo una autocrítica con la autoridad que puede darme el ser uno de los rectores en ejercicio de mayor antigüedad. Confieso que fuimos sorprendidos por el actual gobierno con la propuesta de reformar de manera integral la ley 30 de 1992; la verdad, habíamos preferido hacer retoques al capítulo de la financiación a las Universidades Publicas y esperar un momento más pausado y propicio para analizar a fondo la reforma a la ley de la Educación Superior. Hay que admitirlo, temíamos incurrir en los riesgos de llevar al congreso una reforma que pudiera desembocar en retrocesos sobre todo en los temas de autonomía tan caros a los universitarios y tan esenciales para el cumplimiento de la misión que la sociedad le ha encomendado a las universidades.
Desde la Asociación Colombiana de Universidades – ASCUN, ya se había advertido la necesidad de abordar el estudio de una ley Universitaria, que en primera instancia debía ser estatutaria para darle mayor rango a los conceptos de autonomía, hoy en día vigente a partir de los fallos de la corte al interpretar la constitución, más que por la definición de los textos de la ley. Los nuevos hechos nos obligaron a apretar la marcha.
Hay que abonarle al Gobierno que nos obligó a dar el paso, hoy todos aceptamos que se hace imperioso abordar la reforma; la ley vigente tiene demasiadas carencias, además de la financiación insuficiente, que hoy se vuelven fundamentales a la hora de encarar la gestión Universitaria. La innovación, la internacionalización, la deserción, la responsabilidad social, el impacto en la sociedad, entre otras, brillan por su ausencia. Hoy en día cualquier proyecto Universitario debe contener estos conceptos y elementos que configuran el ABC de la Universidad contemporánea, además de los clásicos que para todos son familiares.
No vamos a caer en la insensatez de pensar que vamos muy bien haciendo eco de la desviación que nos señala Andrés Oppenhaimer, en su publicitado libro Basta de Historias. No vamos a la velocidad requerida, ni tenemos los estándares de calidad deseables. Hay que hacer mucho más y pronto.
No basta mejorar con respecto a nosotros mismos; tenemos que mirar lo que está pasando en el mundo de la educación y el conocimiento.
Hay temores y eso es apenas natural, lo importante es que hay voluntad para debatir y buscar acuerdos. Probablemente no en todo, pero si hay asuntos donde es posible construir en conjunto.
El tema de la autonomía se salvaguarda en el texto propuesto por el Gobierno, al menos recoge algo de la formulación que ha hecho la corte por la vía jurisprudencial y eso es un avance. Naturalmente que lo deseable sería que se avanzara en mayores precisiones sobre el significado concreto de ella. La autonomía plena debe ser para las universidades no para cualquier institución; se requiere maduración y condiciones.
Sabemos que tenemos deficiencias tanto en cobertura como en calidad y aunque podríamos descolgarnos por un discurso facilista diciendo que esto es responsabilidad del Gobierno Nacional, comprendemos que aquí hay responsabilidad compartida de Gobiernos regionales, locales, de empresarios, de las familias, de los ciudadanos y de las propias Instituciones de Educación Superior. La educación tiene que ser una preocupación de todos y no solamente actuando como reclamantes de un derecho sino como facilitadores y constructores de las condiciones que lo hagan posible.
Podemos afirmar que el estado tiene una responsabilidad preponderante con la educación como bien público, pero asimismo debemos admitir que desde lo privado hay que hacer igualmente esfuerzos complementarios.
Ese discurso populista en lo fiscal de que el estado debe resolverlo todo: la pobreza, el desempleo, la vivienda, la salud, las pensiones, la primera infancia, la tercera edad, los desastres naturales, etc., puede ser conveniente como discurso pero absolutamente incompleto como solución; hay que bajar a lo concreto: ¿Cuánto, cómo y de dónde?
Como lograr que todos aportemos a las soluciones es un punto de debate. No hay una sola forma, ni todo lo que han hecho en otros países es igualmente válido para nuestra realidad. No va a ser posible llegar al detalle, lo importante es abrir camino a formas novedosas siempre encuadrados en la autonomía. Mientras haya autonomía podemos ahorrarnos mucha reglamentación y casuística.
Lo importante es garantizar la equidad en el acceso, la permanencia y la calidad en todas las dimensiones. Esta formulación de objetivos siendo tan concreta implica enormes complejidades para su realización y es aquí donde cobra sentido la concurrencia de la sociedad.
El Sistema Universitario Estatal – SUE, ha considerado que debemos movernos sobre tres inamovibles: la autonomía, la financiación adecuada y la equidad social; si estos tres principios se preservan y profundizan, cualquier tema o propuesta es discutible. No hay temas vedados.
Más que satanizar se requiere proponer. No podemos caer en el esquema de amigos y enemigos, o buenos y malos. A todos los colombianos nos anima la buena fe y queremos que este país progrese en términos de equidad social y para ello una educación de calidad es imprescindible.
Hay que volver a conceptualizar lo que determina si una Universidad se mueve hacia lo público. Serán los costos lo que determina la naturaleza de una Universidad o más bien el acceso y la permanencia? Solemos hacer mucha consigna y poco análisis. Estamos en un momento propicio para debatir y reflexionar.
¿Será efectivamente pública, una Universidad que tenga un pobre desempeño?
¿Será realmente pública una Universidad que pierda el 50% de sus estudiantes en el proceso de formación?
¿Será pública una Universidad que solo atienda a las élites intelectuales y a donde no puedan llegar los jóvenes de zonas apartadas?
¿Será pública una Universidad que no influye positivamente en la marcha social, que no genera cambios, que no impacta?
¿Será pública una Universidad muda, o desconectada de la realidad; ensimismada?
El carácter público de una universidad surge de un complejo de variables que en su mayoría apenas estamos vislumbrando. Es hora de mirar al futuro, evitando reciclar el pasado infructífero, posiblemente lleno de retórica pero profundamente estéril.
Una Universidad debe estar financiada adecuadamente.
Debe ser incluyente, que no solo se preocupe por aquellos que lograron vencer los obstáculos y llegar, debe preocuparse por todos los que merecen llegar.
Una Universidad debe tener docentes que mejoren cada día, que hagan investigación, que publiquen, que se preocupen por la suerte de sus estudiantes, que sean críticos de la sociedad con argumentos.
Debe tener estudiantes que se alejen de los malos hábitos, que no contribuyen a su salud, ni a los propósitos de la formación. Que participen académica y políticamente. Que se preocupen por la formación integral en lo humanístico, en lo ético, en lo ciudadano, etc.
Debe tener Directivos y funcionarios estudiosos, comprometidos y conscientes del papel estratégico que cumplen.
Una Universidad debe estar conectada con el conocimiento y con la realidad. Impactando el medio con responsabilidad social.
Para alcanzar estos y otros atributos no existen fórmulas magistrales o únicas: lo importante es que podamos movernos con autonomía y tengamos un portafolio variado de apoyos y e instrumentos para hacerlo. Y lo más importante que la sociedad en su conjunto marche a nuestro lado haciendo de la educación una urgencia nacional.
La nueva ley de educación superior debe procurar un nuevo entramado de oportunidades y posibilidades que permitan el auge de la Educación Superior cuidando lo social y respetando la autonomía
El Sistema Universitario congregado en Ascun y el SUE se ha comprometido a participar constructivamente en el debate nacional a la propuesta de reforma y espera antes de finalizar este semestre poder entregar tanto su propuesta de ley estatutaria para afianzar la autonomía de las Universidades como los comentarios, las propuestas y contrapropuestas que resulten de las deliberaciones que ha emprendido.
Los tiempos de los Gobiernos tienen ritmos diferentes a los de las comunidades académicas: No podemos hacer de este proceso una deliberación indefinida. Debemos llegar a conclusiones.
El Gobierno y los rectores nos hemos puesto la meta de estimular un análisis y discusión sobre la reforma que permita llevar una propuesta concertada para la legislatura del segundo semestre. Ello explica la urgencia de acelerar el debate.
Agradecemos al Sr Viceministro que nos acompañe en este primer foro, que servirá de dinamizador a las reflexiones que distintos sectores de esta Universidad han comenzado a hacer en torno a la propuesta de reforma a ley 30 de 1992.
También a los ponentes que actuarán hoy ayudando a perfilar un debate que seguramente nos enriquecerá a todos.
Muchas gracias.
LUIS ENRIQUE ARANGO JIMENEZ
Rector