La finalidad del Derecho Disciplinario puede concebirse como la forma jurídica de garantizar de los servidores públicos y de ciertos particulares, un comportamiento en el ejercicio de las funciones públicas, con disciplina, obediencia, diligencia y comportamiento ético en el desempeño de las tareas asignadas con el fin de asegurar la debida prestación y buena marcha de la función administrativa, en desarrollo de los Principios Constitucionales.
De igual forma la finalidad de la potestad disciplinaria es asegurar el cumplimiento de los principios que regulan el ejercicio de la función pública como lo son los de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.
